Mientras gran parte del país sufría del desgobierno crónico al que la ciudadanía decidió poner fin en el 2018, Yucatán era y continúa siendo el estado más seguro del país.
Yucatán, el estado que tengo el honor de representar y servir en el Senado de la República, ha sido durante dos décadas una excepción positiva a nivel nacional.
Mientras gran parte del país sufría del desgobierno crónico al que la ciudadanía decidió poner fin en 2018, Yucatán era y sigue siendo el estado más seguro de México. La entidad atrae cuantiosas inversiones, industrias tecnológicas, agronegocios de vanguardia y un creciente número de familias que llegan en busca de oportunidades y calidad de vida, gracias a una gobernabilidad efectiva.
Yucatán destaca como un estado seguro y en crecimiento, algo que el propio Presidente de la República ha reconocido. Sin embargo, hay algo en lo que el estado no es una excepción positiva: básicamente, el 50% de la población yucateca se encuentra en situación de pobreza, un porcentaje superior a la media nacional, y solo 1 de cada 5 yucatecos no es vulnerable a caer en la pobreza.
Un estado que ha sido ejemplo en la generación de prosperidad no ha sido ejemplo en su capacidad para compartirla. Esta es una preocupación social que no puede ser ignorada.
El crecimiento del estado ha hecho más evidentes y marcadas las diferencias sociales. Nunca antes las disparidades de ingresos habían sido tan evidentes. La prosperidad se ha concentrado en unas pocas manos, lo cual se refleja en urbanizaciones residenciales, vehículos de lujo y centros de consumo de precios elevados destinados a un grupo reducido y, curiosamente, cada vez más ostentoso en sus demostraciones de poder adquisitivo.
La prosperidad no compartida comienza a ser un factor que presiona la cohesión social en Yucatán. Es tiempo de reconocerlo y actuar con inteligencia, responsabilidad social y humanismo.
El estado ya cuenta con lo que se ha denominado el “Proyecto Yucatán”, un amplio consenso sobre el rumbo económico que ha logrado mantenerse durante cuatro administraciones gubernamentales, incluso con el cambio de partido en el poder. Este modelo de desarrollo es valioso y debe mantenerse, pero especialmente, debe mejorarse. La mejora urgente consiste en agregarle un componente de justicia social que proteja a la comunidad y haga sentir a todos los yucatecos como beneficiarios de la prosperidad que se está generando con el esfuerzo de todos y todas.
Si no se comparte la prosperidad en Yucatán, los sentimientos de fraternidad y solidaridad que brindan seguridad y paz social se erosionarán y todo estará en riesgo. La fase puramente económica del Proyecto Yucatán ya está en marcha; ahora el desafío es tener sensibilidad y humanismo para agregarle la fase social que garantizará que el estado sea una excepción integral. Si hay un lugar perfecto en México para demostrar que crecimiento y justicia social no son conceptos opuestos, ese lugar es Yucatán. Ahí está la oportunidad.
POR RAÚL PAZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA POR MORENA
